Experiencias en los procesos de acogida de participantes del programa Familias de Acogida Especializada (FAE AADD y FAE PRO): posibles efectos en el sistema familiar.

Abstract

En el año 1990, Chile ratifica la Convención de los Derechos del Niño/a, asumiendo un compromiso primordial con la infancia y adolescencia, en el cual reconoce los derechos humanos de las/os niñas, niños y adolescentes (NNA), en ámbitos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos, y resguardando un pleno desarrollo físico, mental y social. De esta manera, el Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de todos los derechos reconocidos en dicha Convención (UNICEF, 2019a). Los/as NNA tienen derecho a crecer y vivir en un contexto familiar que otorgue protección, cuidado y afecto, para cubrir sus diversas necesidades. Sin embargo, no todos los padres y madres cuentan con las condiciones para propiciar un entorno familiar apropiado, lo que conlleva a situaciones de grave vulneración a sus derechos. Frente a estos casos, rige el principio fundamental del “interés superior del niño” en el cual se asegura una adecuada protección y cuidado por parte del Estado, cuando las personas responsables del niño, niña o adolescente no poseen la capacidad para hacerlo (Zavala, 2015). Ante este escenario, nuestro país ha desplegado una serie de medidas para contrarrestar los efectos de dichas vulneraciones, implementando programas de protección a través del Servicio Nacional de Menores (SENAME), quien tiene como misión contribuir a la prevención, promoción, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes vulnerados, así como favorecer la responsabilización e inclusión social de jóvenes que infringieron la ley, a través de una oferta programática entregada por la institución y sus organismos colaboradores (SENAME, 2020a). Este organismo público fue creado en el año 1979, mediante el Decreto Ley número 2.465, siendo dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.