Examen de legalidad de la Contraloría General de la República en materia ambiental.

Abstract

Con este trabajo podemos comenzar a identificar o calificar el tipo de control que la Contraloría General de la República realiza en su función fiscalizadora o examinadora. Por un lado, uno a priori o preventiva, mediante la toma de razón de una serie de decretos y resoluciones sometidos por ley a dicho examen, y otro a posteriori o reparativa, mediante una petición o bien de oficio, para que examine un acto determinado. Esto que planteamos en términos generales resulta plenamente aplicable al ámbito meramente ambiental como tendremos oportunidad de comprobar. Ahora bien, no se puede olvidar que, no obstante lo anterior, la Contraloría examina algunos actos de manera directa, es decir, emanados de la misma autoridad ambiental, hay otros que conoce de manera indirecta, es decir, por medio de otros órganos que están llamados a intervenir en la actividad ambiental, pero que no forman parte integral de dicha institucionalidad. Es lo que sucede con los denominados permisos ambientales sectoriales que, en términos generales, son las autorizaciones que otorgan diversos servicios públicos, llamados a intervenir en virtud de que un determinado proyecto o actividad a realizar compromete el medio ambiente y requiere la observancia de las normas técnicas y administrativas de la legislación sectorial a que dicho órgano compete. Esto se produce esencialmente en el proceso denominado Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en virtud del cual, toda actividad o proyecto que comprometa el medio ambiente debe sujetarse previamente a alguno de los instrumentos de gestión ambiental que la Ley 19.300 impone, esto es, una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, antes de poder llevarlo a cabo. No obstante, hay que tener presente que los permisos ambientales sectoriales también están presentes en la eventualidad de que alguna actividad no esté sometida al SEIA, ya que en dicha hipótesis corresponde al interesado obtener de cada servicio público competente las respectivas autorizaciones para llevar a cabo dicha actividad, lo que hace la diferencia tratándose de actividades o proyectos sometidos al SEIA, en cuyo caso es la propia Comisión Nacional o la Comisión Regional, según corresponda, la que se encarga de poner en conocimiento de los servicios llamados a intervenir la respectiva solicitud y de obtener los pronunciamientos necesarios por parte de los mismos, en cuanto a declarar su conformidad con la normativa sectorial respectiva para llevar a cabo la actividad o proyecto determinado. Finalmente, cabe aclarar que nos enfocaremos, tratándose de este denominado control indirecto de la Contraloría General de la República en materia ambiental, en los permisos ambientales sectoriales de manera particular, debido a que, no obstante los organismos emisores de dichos permisos pueden ser examinados en muchos otros aspectos, en el desarrollo y cumplimiento de sus diversas actuaciones, es ésta materia la que dice relación, de una manera concreta, con la legislación ambiental. Dicho lo anterior, pasaremos a analizar las formas en que la Contraloría desarrolla su actividad examinadora de la legalidad en al ámbito del derecho ambiental nacional.