La función legislativa como herramienta de diálogo entre el derecho y la sociedad. Ley No. 20.027 sobre financiamiento de estudios de educación superior.

Abstract

Generalmente los problemas fundamentales que constituyen el objeto de la sociología del derecho se reducen a dos: (1) el problema del derecho en la sociedad, esto es, el de la posición, función y fin del derecho en la sociedad considerada en su conjunto y, (2) el problema de la sociedad en el derecho, esto es, de los factores sociales que están presentes e influyen en el ámbito del derecho. Ambos dan lugar a una serie de preguntas y su análisis a una serie de respuestas. Por cierto, ambos problemas están de algún modo presentes en nuestro trabajo, toda vez que el mismo intenta aclarar, a través del análisis de un caso concreto como es la ley 20.027 sobre financiamiento de estudios de educación superior, algunos de los siguientes cuestionamientos: ¿factores sociales que intervienen en la elaboración, mantenimiento, modificación o desaparición de las normas?, ¿factores sociales que influyen en la eficacia o ineficacia de las mismas y del ordenamiento en su conjunto?, ¿idoneidad de la ley, como principal fuente formal del derecho, para responder a las demandas sociales?, ¿capacidad del derecho de influir en la realidad social e incluso modificarla?, ¿pertinencia social del cuerpo normativo en su conjunto o alguna institución en particular? Quizás, siendo nuestro trabajo una investigación primordialmente jurídica, no logremos dar una respuesta acabada a los temas expuestos, que pertenecen más bien a la sociología del derecho, sin embargo, asumimos esta tarea con la mayor seriedad posible y a través del siguiente esquema: en un primer capítulo, titulado “Sociedad y Derecho. Realidades en permanente relación”, buscaremos explicitar o constatar las constantes y recíprocas relaciones que vinculan a ambos fenómenos. Para ello, previamente describiremos qué se entiende o se ha entendido, por diversos autores que se han ocupado del tema, por sociedad y por derecho. Luego, expondremos el contenido de la relación entre derecho y sociedad según las concepciones clásicas para la sociología, esto es, a través de las obras de Marx, Durkheim y Weber (cuando hablamos de autores clásicos nos referimos a aquellos cuyos estudios y trabajos constituyen el núcleo o marco de toda elaboración posterior). El análisis anterior es indispensable para quedar en condiciones de asumir una investigación más particularizada, esto es, para observar dicha relación a la luz de un caso concreto del derecho como es una de sus fuentes formales, es decir, la ley y, específicamente de la ley 20.027 sobre financiamiento de estudios de educación superior. Dado que la seriedad de la investigación nos obliga a analizar el o los antecedentes jurídicos de la ley que pretendemos fijar como nuestro caso concreto, en un segundo capítulo, titulado “Marco jurídico de la educación superior chilena”, revisaremos los diversos instrumentos normativos que han regulado el sistema de la educación superior en Chile. Asumiremos esta tarea exponiendo o constatando la situación de la educación superior a 1973, fijando de ese modo un límite temporal que nos permita observar las drásticas modificaciones sufridas por el sistema a partir de entonces. Tales modificaciones serán revisadas atendiendo al principio de jerarquía y temporalidad con que son ordenadas comúnmente las normas jurídicas. Comenzaremos con la exposición de las normas constitucionales que reflejan las citadas modificaciones. Luego, los decretos con fuerza de ley no. 1, 4, 5 y 24, que regularon la materia hasta la promulgación de la ley orgánica constitucional de enseñanza No. 18.962, de 10 de marzo de 1990, en actual cuestionamiento social. En este mismo capítulo, incorporaremos un breve análisis de las modificaciones que se pretenden efectuar a la actual normativa que regula la materia a propósito de las demandas del movimiento secundario. Si bien, la temática del financiamiento del sistema de educación superior chileno no es ajena al capítulo segundo, la abordaremos en un tercer capítulo, intentando lograr una mejor introducción a nuestro caso concreto, esto es, la ley 20.027, que precisamente incorpora un nuevo mecanismo de financiamiento al sistema. A través de este tercer capítulo expondremos los diversos mecanismos de financiamiento que contempla el actual sistema y que son originarios de la normativa en cuestión, esto es, aporte fiscal directo, aporte fiscal indirecto y crédito fiscal universitario y sus múltiples modificaciones, procurando vincularlo de la manera más objetiva posible a las demandas estudiantiles. Nuestro cuarto y último capítulo, titulado “Ley 20.027 sobre financiamiento de estudios de educación superior. ¿eficaz respuesta a una necesidad constante?” pretende analizar dicha ley a la luz de las necesidades sociales que influyen en su elaboración y contenido. Es aquí donde buscaremos responder a las interrogantes anteriormente señaladas, todo ello con la más sana voluntad de reflejar la manera en que el derecho responde a la sociedad y a sus diversas manifestaciones. Trataremos pues de dilucidar si los objetivos pretendidos por el gobierno al generar la citada ley, entre ellos, la equidad en el ingreso a la educación superior, se cumplen o, más bien, éste constituye un nuevo intento de calmar las presiones estudiantiles que se generan en relación con el sistema de financiamiento que rige los estudios de educación superior.