La decisión de jubilar : Dificultades y factores asociados en personal universitario de Concepción.

Abstract

Los sistemas de protección social deberían desempeñar una función clave para garantizar la seguridad económica de las personas mayores, y de hecho, son los instrumentos de política pública más importantes para hacer frente a la vulnerabilidad económica en la vejez, de los que se benefician también las demás generaciones. Sin embargo, en la mayor parte de los países de nuestra Comunidad, la baja cobertura de los sistemas de protección social y las inequidades que presentan en relación con la condición social, el género, la etnia y la ruralidad, limitan su eficacia a la hora de garantizar ingresos para todos y de ofrecer prestaciones que garanticen un nivel de vida digno (Organización Internacional de la Seguridad Social (OISS), 2011). Chile cuenta hoy con un “sistema de protección social” que se construye a partir de iniciativas de antigua y más reciente data en las áreas de la asistencia y la seguridad social así como de los subsidios para fomentar el acceso al empleo, la salud, la educación y la vivienda (Robles, C., 2011). Es así como durante la última década en Chile, se han puesto en marcha innovaciones y reformas importantes en la protección social, éstas buscan ampliar significativamente la cobertura de las prestaciones involucradas a lo largo del ciclo de vida y para el conjunto de la ciudadanía —pobre, vulnerable a la pobreza y no pobres—, y apuntan a mejorar la calidad, oportunidad y equidad en el acceso a los servicios para la realización de sus derechos (Cecchini y Martínez, 2011). En consecuencia, uno de los desafíos que plantea el envejecimiento de la población y que requiere de una atención particular es el de “garantizar pensiones suficientes, financieramente viables y adaptables a las condiciones cambiantes de la economía a todas las personas que han cumplido su vida laboral y se encuentran en edad de retiro, a fin de evitar la amenaza de la pobreza para las personas mayores. (OISS, 2011)