Oportunidades probatorias en el proceso laboral.

Abstract

El presente trabajo tiene por objetivo dilucidar o al menos vislumbrar la posibilidad, jurídicamente hablando, de solicitar, presentar e incorporar pruebas en los procedimientos laborales fuera de los términos u oportunidades entregados expresamente por la ley. Para ello, desarrollaremos algunos conceptos doctrinarios sobre prueba - en su carácter de actividad procesal - desde aquellos que lo definen meramente como un procedimiento o “conjunto de actos procesales que se realizan en el proceso para los efectos de permitir al tribunal alcanzar la convicción acerca de la existencia de ciertos hechos necesarios para la solución de un conflicto”, hasta los que la consideran un derecho fundamental, como observa Carocca es “factible conceptualizar un derecho a la prueba, como garantía constitucional autónoma, que confiere a todo litigante, la facultad de producir las probanzas que requiere para demostrar la efectividad de sus alegaciones de hecho. Con la intención de aterrizar estos conceptos y contemplar sus posibilidades de tutela judicial efectiva, revisaremos someramente la estructura de los procedimientos laborales, a excepción del procedimiento ejecutivo laboral, y las posibilidades que nos entrega la ley, tanto expresa como tácitamente para desenvolver la actividad probatoria en cada una de sus etapas. Finalmente, desembarcaremos en el vasto campo del derecho constitucional, al analizar el rol del derecho a la prueba dentro del principio y derecho fundamental al debido proceso, como garantía mínima de este en una sociedad democrática de derecho y, sobre todo, en nuestro país; e incluso, observaremos como ha adquirido la suficiente relevancia jurídica para que algunos lo consideren un derecho fundamental autónomo. Para asumir tan ardua tarea, nos asiremos fuertemente de la jurisprudencia y la doctrina nacional, razón por la cual se logra graficar, al menos en nuestra humilde opinión, la tendencia, cada día más definida, de hacer prevalecer el derecho a la prueba y a la defensa por sobre limitaciones procesales que pudieren provocar la vulneración de tales derechos fundamentales y en definitiva dejar en la indefensión a los sujetos de derecho.