Delito de abuso sexual: De conformidad a las modificaciones introducidas por la Ley No. 19.927.

Abstract

A comienzos del año 2002, a través de una moción presentada por los Diputados señora María Pía Guzmán Mena y señor Patricio Walker Prieto, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que daría origen, años más tarde, a la actual Ley 19.927. La finalidad inicial del proyecto se orientó a la modificación de los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y Procesal Penal para reprimir, principalmente, el delito de pornografía infantil; fenómeno de carácter internacional, el cual se ha expandido a escala mundial, principalmente debido a la existencia de nuevas tecnologías que han transformado y facilitado la producción, difusión y la forma de poseer este material. Sin embargo, en esta labor, nuestro legislador no se contentó únicamente con modificar dicho delito, sino que, asimismo, introdujo importantes cambios que afectan al régimen general de los delitos sexuales. De este modo, la nueva normativa, aumenta la edad a partir de la cual se estima válido el consentimiento sexual de los 12 a los 14 años, lo que conlleva a una modificación en todos los tipos penales que contemplan en su descripción típica la edad del sujeto pasivo. Por otra parte, crea una nueva figura típica consistente en la introducción de objetos de cualquier índole por vía vaginal, anal o bucal o en la utilización de animales en una acción sexual. En el contexto de estos cambios se desarrolla e inspira nuestro trabajo, el cual tiene por objetivo fundamental efectuar un análisis crítico de los tipos penales que comprende la figura del delito de abuso sexual, ilícito incorporado a nuestra legislación por la Ley N· 19.617. Se trata de una figura que tiene como antecedente al delito de ¨abusos deshonestos¨, de dudosa pulcritud técnica y que bajo el amparo de este nuevo marco regulatorio, sigue presentando dificultades al intérprete a la hora de encontrar su fundamento y su delimitación, más aún, si se tiene en cuenta que éste constituye uno de los delitos de más alta concurrencia práctica.