Resumen:
Desde la dictación de la Ley 19.983, la factura ha sido progresivamente reforzada, a través de dos trascendentes modificaciones legales, la Ley 20.323, de 29 de enero de 2009 y la Ley 20.956, de 26 de octubre de 2016, ambas tendientes a dotar a la factura de atributos sustantivos, con orientados efectos procesales. El impacto sustantivo y adjetivo de estas modificaciones, ha variado criterios judiciales arraigados, mejorando, por cierto, la posición de los actores productivos y de servicios financieros en la operación y cobro de sus facturas, y ello, al dotar a la factura de las cualidades de un título de crédito; transformándola en un título de crédito abstracto (en rigor, parcialmente abstracto), restringiendo la defensa del deudor en la gestión preparatoria de notificación judicial de facturas e, incorporando nuevas instituciones, a saber: preclusión de alegaciones y presunciones.