Análisis de reforma al sistema de pensiones chileno basado en la experiencia internacional.

Abstract

En esta memoria de título, se busca determinar los efectos de reformar el sistema de pensiones chileno en base a la experiencia internacional, considerando el top 10 de países del Melbourne Mercer Global Pension Index (MMGPI). Para esto, se utilizan bases de datos de la Superintendencia de Pensiones, Instituto Nacional de Estadísticas y las 5 rondas de la Encuesta Longitudinal de Empresas (2007 – 2017). Los datos económicos y de pensiones sugieren que Chile tiene el sueldo mínimo, gasto público en pensiones y tasa de contribución más bajas en comparación con los países top 10 del MMGPI. Por contraparte, tiene el coeficiente Gini más alto, lo que indica un mayor nivel de desigualdad de ingresos. Se simulan pensiones bajo las condiciones del sistema chileno, calculando los ahorros totales y el capital necesario unitario, y variando las tasas de contribución de acuerdo a lo aplicado en los países estudiados. Como resultado, se tiene que la contribución mínima debe ser de un 12,1%, lo que aseguraría una pensión por sobre la línea de la pobreza para personas que trabajen por el sueldo mínimo. Se destaca la importancia de los aportes estatales, que pueden aumentar considerablemente las tasas de reemplazo para los sueldos más bajos. Por otro lado, se analiza el impacto que la implementación de un pilar de contribución a cargo del empleador tendría en el empleo y en la sobrevivencia de empresas. Se estima un modelo de efectos fijos mediante datos de panel. Los resultados muestran que un aporte del 1% del salario a cargo del empleador, genera en promedio una disminución del número de empleados en un 0,441%. Mediante el cálculo de la tasa de desempleo, se establece que, para mantener este indicador bajo dos cifras porcentuales, la contribución del empleador puede ser de hasta un máximo de 11%. En base a los límites anteriores, la tasa de contribución que mejor se adapta a la realidad chilena es la de Dinamarca con un 13%, donde el trabajador contribuye con un 10% y el empleador con el 3% restante, ya que es la que genera menos impactos a nivel macroeconómico. Otra opción es la de Israel con un 18,5%, donde el trabajador contribuye con un 10% y el empleador con un 8,5%.