La influencia del Grupo de Estudios Constitucionales en las reformas a la Constitución Política de 1980.

Abstract

Junto con el principio del nuevo milenio, comenzó a tomar fuerza el deseo de reemplazar la normativa constitucional vigente en nuestro país, primeramente entre la intelectualidad, para luego transformarse en un deseo (aparente) del chileno promedio. Todos parecían querer una nueva Constitución: los que renegaban de la génesis de la Constitución de 1980; los que la consideran como la culpable de los grandes males que aquejan al país (el neoliberalismo y la existencia del duopolio político, entre otros); quienes propugnaban la inclusión de normas e instituciones “verdaderamente” democráticas e inclusivas, con especial énfasis en la integración de los pueblos originarios, preservación del medio ambiente e instancias de democracia directa inexistentes en la actual carta; finalmente, quienes veían en ello la posibilidad de “refundar” la Nación, por medio de la plena integración de todos los sectores sociales en su génesis -y terminando así con el predominio de la tradicional oligarquía detentadora del poder, asociada al poder económico-. Dejando de lado todas estas pretensiones, más o menos legitimadas por sus proponentes, si algo resultaba claro era el hecho de que nuestra actual Constitución, pese a su relativa juventud (menos de 40 años de existencia, menos de 30 de vigencia plena y múltiples reformas, mayores y menores, que han revuelto su sentido y propósito haciéndola en muchas partes verdaderamente irreconocible con su ser original) muestra desde ya largo tiempo señales de agotamiento que invitan a una revisión completa de la misma, ya sea para insuflarle nueva vida o firmar su, por muchos esperado, deceso.