Participación ciudadana y proceso constituyente: Consideraciones del caso chileno.

Abstract

En este trabajo, Estimamos que un enfoque que ha de retomarse en el debate teórico jurídico acerca de la democracia, lo político y lo constitucional, es la perspectiva de los derechos humanos particularmente sobre las modalidades del derecho humano a la participación política. Ha quedado más o menos claro a nuestro parecer, que los intentos de de-construcción de la ciudadanía por un lado, y los intentos de recuperar la “esencia griega” o “participativa roussoniana”, no han podido escapar de las limitantes que provienen de la necesidad de pensar formas concretas e institucionales de estatus ciudadano o de proceso democrático. A nuestro juicio, la piedra angular de un nuevo punto de partida, puede provenir de la re-significación del derecho a la participación política como un principio de constante evolución que genera múltiples directrices, entre ellas la participación deliberativa o directa en todo su potencial, y que no se ata a formas rígidas que limiten la posibilidad de pesar, y realizar, nuevas propuestas críticas de un derecho emancipador, universal y humano. En el ámbito de la necesidad del cambio constitucional, un rol importante jugará la participación ciudadana y sus formas de cara a un nuevo paradigma jurídico-político en Chile. Si hay quienes sostienen que con la reformas de 1989, 2005 y demás se le ha dado legitimidad a una Constitución elaborada por un grupo reducido, escogido de facto sin pluralismo, ratificada sin registros electorales ni garantías propias de elecciones libres, en un contexto de terrorismo de Estado, genocidio selectivo y desapariciones forzadas; entonces hay una perspectiva que poner sobre la mesa. Esta perspectiva va incluso más allá de la necesidad de un nuevo pacto social por la carga simbólica de la Constitución vigente. Ya no se trata de si determinada elite, la de la Comisión Ortúzar, la de las negociaciones de las reformas de 1989, o los gestores de la reforma de 2005, son tributarios de lo mejor de nuestra tradición constitucional o de la teoría constitucional conforme a dichas épocas –si es que lo fueren-. No puede negarse que hay avances de la dignidad humana, garantías constitucionales, y estándares de gobierno y Estado de los cuales retrotraerse resulta impensado en el siglo XXI. Hoy, independiente de si se trata de reformas parciales o un cambio completo de Constitución, de la aplicación de un mecanismo u otro, lo que ha de estar en el centro de la preocupación institucional es un regreso a una genuina soberanía popular fundada en una participación política verdaderamente universal, de una nueva hegemonía popular: quién participa y decide en la elaboración de dichas reformas o de aquella nueva Constitución. ¿De nuevo la constitución de las elites? ¿De nuevo la Constitución de Pinochet, la de las dirigencias de la Concertación, la de Lagos, la de Guillier, o finalmente la del Pueblo de Chile?