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    Acciones de clase y bien jurídico protegido.
    (Universidad de Concepción, 2010) Muñoz Levasier, Felipe Alfonso; Carrasco Delgado, Sergio Arnoldo
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    Acciones de clase y bien jurídico protegido.
    (Universidad de Concepción, 2010) Muñoz Levasier, Felipe Alfonso; Carrasco Delgado, Sergio Arnoldo
    En el último tiempo la doctrina ha venido haciendo referencia a la existencia de nuevos intereses y derechos que merecen ser tutelados judicialmente. Se denominan, de forma genérica, “intereses colectivos y difusos” o bien, “supraindividuales”. Ya no se trata de un interés privativo de un sólo titular, sino que pertenece a colectividades, grupos o categorías de personas simultáneamente. El estado de la civilización actual, tras la Segunda Guerra Mundial, se caracterizaría por la masificación y la complejidad de las relaciones humanas, lo que traería como consecuencia que un hecho pueda afectar a grandes grupos humanos de manera conjunta. Nuestra sociedad ha sido calificada como de producción, intercambio y consumo masivo, y de ulteriores violaciones y conflictos de masas. Temas como el medio ambiente, el consumo, el acceso a la información y otros, conectan con esta temática. Esto hace surgir problemas desconocidos para el Derecho en general, y para el Derecho procesal en particular.
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    Las acciones posesorias
    (Universidad de Concepción, 2014) Hidalgo Muñoz, Carlos Alejandro; Peñailillo Arévalo, Daniel
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    El acto de gobierno.
    (Universidad de Concepción, 2006) Morales Espinoza, Baltazar Alberto; Troncoso Larronde, Álvaro
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    Actualización jurisprudencial de la compensación económica en los juicios de divorcio y nulidad de matrimonio.
    (Universidad de Concepción, 2014) Retamal Sanhueza, Rosa; Troncoso Larronde, Hernán Luis Javier
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    La acumulación de infracciones de tránsito en la jurisprudencia del tribunal constitucional chileno (2005- 2017).
    (Universidad de Concepción, 2018) Farías Torres, Pamela Aileen; Maturana Toledo, Carlos Roberto
    El trabajo tiene por objeto general analizar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de inconstitucionalidad por acumulación de infracciones de tránsito, con el objeto de buscar elementos comunes en sus pronunciamientos que permitan establecer, en lo posible, una proposición sobre los lineamientos básicos en torno a este tema. Para tales planteamientos se utilizó un método dogmático en cuanto al análisis de la normativa en conflicto, en materia doctrinaria que permite definir un marco teórico, centrado principalmente en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para determinar los lineamientos seguidos respecto a la inconstitucionalidad en el proceso de acumulación de infracción de tránsito. En la parte conclusiva se enfatiza principalmente en el lineamiento jurisprudencia! del Tribunal Constitucional, en materia de acumulación de infracciones de tránsito, así como la vulneración al justo y racional procedimiento y en particular al principio non bis in ídem, en el procedimiento de acumulación de infracciones de tránsito, regulado en los artículos 39 y 40 de la Ley 18.287 y en el artículo 207 letra b) de la Ley 18.290.
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    Análisis del resultado de la persecución penal en delitos contra la propiedad cometidos en las comunas de Concepción y Penco, durante los períodos 2009, 2010 y 2011.
    (Universidad de Concepción, 2014) Koch Salazar, Waldemar Augusto; Larraín Martínez, Beatriz
    En base al marco territorial señalado y a los órganos jurisdiccionales y administrativos que intervienen en la persecución penal de estos delitos, fue que pudimos determinar el objetivo de nuestro estudio; conocer con más detalle el tratamiento que reciben los delitos contra la propiedad que más incidencia tienen en la totalidad del ingreso anual del Juzgado de Garantía de Concepción. También pretendíamos proyectar el análisis de las cifras a todo el sistema persecutorio, dado que las comunas de Concepción y Penco, por las características de su población, junto al crecimiento económico y desarrollo urbano que presentan, han conformado una metrópoli similar a cualquier ciudad de nuestro país, por lo que es muy probable que en estas comunas y en otras como Talca, Valparaíso, Los Andes, Santiago, Viña del Mar, Antofagasta, Los Ángeles, Temuco, La Serena, se cometan los mismos delitos objeto de nuestro estudio. El análisis de las cifras que presentaremos a continuación nos permitirá responder nuestra hipótesis de trabajo y concluir al final de esta tesis si ha sido o no exitosa la persecución penal de los delitos de hurto, robo por sorpresa, robo con fuerza y receptación cometidos en una parte del área metropolitana denominada como “Gran Concepción”. Asimismo, dado que las muestras utilizadas para el estudio del comportamiento de cada uno de los ilícitos señalados, nos entregaron una información bastante completa y real, es perfectamente posible proyectar las conclusiones a las que arribaremos al final de nuestro trabajo al universo nacional. Si bien la presente tesis tiene un enfoque empírico, se hizo necesario abordar previamente una descripción del sistema persecutorio penal; es por eso que en los capítulos primero a tercero mostramos la reforma procesal penal desde el punto de vista de sus orígenes, sus instituciones principales y los principios que la informan; luego presentamos los diversos procedimientos y mecanismos de solución del conflicto penal regulados en el CPP, el marco normativo que informa el actuar del Ministerio Público y la práctica desarrollada por el ente persecutor para investigar y perseguir los delitos de hurto, robo por sorpresa, robo con fuerza y receptación. En la parte cuarta trajimos los conceptos legales y la composición de los tipos penales en estudio y mostramos su marco sancionatorio, tanto el regulado por el CP como aquel que se encuentra en la ley 20.084, que sanciona la responsabilidad penal adolescente.
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    Aplicación del principio de transparencia y probidad administrativa en la contratación pública y especialmente en la licitación pública. Revisión doctrinaria y jurisprudencial.
    (Universidad de Concepción, 2019) Riffo García, Priscila; Santibáñez Yáñez, Francisco Javier
    En esta tesis la autora nos quiere explicar la importancia del principio de probidad como regulador del proceso de contratación administrativa, especialmente en el caso de la licitación pública. Para ello, no solamente se adentra en el concepto mismo de probidad y su importancia para la regulación del proceso licitatorio, sino que además examina los diferentes aspectos del proceso regulado en la Ley de Bases de Contratación Administrativa. Se adentra principalmente en aquellas etapas del proceso licitatorio que están más entregadas al criterio o la discreción funcionaria, como la elaboración de bases o las deliberaciones de comisiones evaluativas. Todo ello, a su vez, complementado con lo resuelto por la jurisprudencia tanto de Contraloría como de los tribunales, a partir de reclamos hechos por servicios licitantes como por oferentes u otros entes, para averiguar qué línea y conceptos se han seguido.
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    La autonomía de las universidades estatales y su tratamiento en la reciente jurisprudencia nacional.
    (Universidad de Concepción, 2014) Lara Navarro, Alejandra Beatriz; Maturana Toledo, Carlos Roberto
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    La autonomía de las universidades estatales y su tratamiento en la reciente jurisprudencia nacional.
    (Universidad de Concepción, 2014) Lara Navarro, Alejandra Beatriz; Maturana Toledo, Carlos Roberto
    En el proyecto de tesis defendido y aprobado ante el Programa de Magister en Derecho de la Universidad de Concepción, nos hemos planteado como hipótesis de trabajo el que, al no darse una consagración explícita de la autonomía universitaria en la Carta Fundamental vigente, la base constitucional de dicho atributo no resulta asegurada en análoga forma para todas las instituciones que integran el sistema chileno, determinando, en suma, un tratamiento jurídico diferenciado, cuya marca es la protección simplemente legal de la citada autonomía respecto de las instituciones del Estado. Para el desarrollo de la presente investigación se estructuró un primer capítulo, a partir de un análisis histórico-jurídico, que reseña la evolución de la institución universitaria, y de su autonomía, tanto a nivel global como en el país. Esta primera revisión, que no pretende ser exhaustiva, nos permite dar cuenta del valor que ha tenido el atributo de autodeterminación, y sus posibles dimensiones o aspectos, para el desarrollo de las universidades, desde su origen en la Europa Medieval hasta nuestros días, y es un antecedente que estimamos útil para enriquecer las perspectivas de análisis de la institucionalidad en vigor. En un segundo capítulo nos ocupamos del estudio de la actual regulación positiva de la autonomía universitaria en Chile, tanto en el orden constitucional como simplemente legal, establecida a partir del D. F. L. No. 1, de 1980, del entonces Ministerio de Educación Pública, sin perjuicio de efectuar una breve referencia, como antecedente necesario, al cambio de modelo implementado a partir del Golpe de Estado del año 1973. Cabe destacar que, a efectos de identificar criterios de análisis para el examen crítico del orden constitucional chileno, se acude al estudio comparado con textos fundamentales de algunos países cercanos, cultural o geográficamente, o que se vislumbran como referentes en el ámbito internacional. Posteriormente, se efectúa un examen del concepto de autonomía, tanto como atributo de los grupos intermedios cuanto como característica de algunos órganos de naturaleza estatal, a efectos de precisar su contenido y alcance en relación con las universidades del Estado de Chile.
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    La compensación económica en los casos de nulidad y divorcio: especial consideración de sus presupuestos para determinar el menoscabo económico y su otorgamiento.
    (Universidad de Concepción, 2014) Hidalgo Sarzosa, Pedro Enrique; Domínguez Aguila, Ramón Horacio
    No hay duda que en la mayoría de los casos, el término del matrimonio, cualquiera sea su causa, produce alteraciones en el orden patrimonial, y en lo que nos interesa en este trabajo, cuando ello ocurre por la declaración de nulidad o divorcio, tanto por cese de la convivencia como por culpa, la situación económica de ambos cónyuges se ve , pero en especial de uno de ellos, aquél que pierde sino todo, como en la mayoría de los casos, la mayor parte de su asistencia e ingresos en el orden económico; de esa situación es que se ocupa la institución que motiva este trabajo, introducida con la actual ley de matrimonio civil, que se promulgó el 17 de mayo de 2004, para entrar en vigencia, seis meses después, el 17 de noviembre de 2004. La pretensión del legislador es anticiparse al futuro, y el paliativo para este caso, ha sido crear la compensación económica, pretendiendo evitar la situación de desamparo que va a afectar a uno de los cónyuges, al que en principio reconoce como cónyuge más débil, porque se encuentra ante la realidad que la situación de protección que le proporcionaba el estatuto del matrimonio desaparece. Y aun cuando durante la vigencia del matrimonio en los hechos pudo no haberse concretado la supuesta protección de igual forma se le dará la protección, así, si ya resuelto el divorcio implica la desvinculación de los cónyuges y, por lo tanto, finaliza la colaboración mutua, quedando el cónyuge que ha entregado su actividad a la crianza de los hijos en los términos señalados en indefensión para realizar actividades lucrativas, más aún en un país en vías de desarrollo que no posee una política integral de pleno empleo o seguridad social y en el que los salarios de los trabajos menores, en su mayoría, no alcanzan para satisfacer las necesidades mínimas de alimentación, vestuario y movilización. En igual sentido: “El término del matrimonio ha significado para la cónyuge la privación del efecto previsional que tenía para ella la afiliación de su marido al sistema que, no sólo tiene efectos para el imponente mismo, sino que también para su cónyuge: pensión de viudez, retiro de fondos, sobrevivencia. El matrimonio duró 18 años cuyo significado en esta materia importa a lo menos la mitad de la vida previsional”.
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    La congruencia del material fáctico en los procesos civil y penal.
    (Universidad de Concepción, 2014) Araya Fuentes, Álvaro Rodrigo; Cortez Matcovich, Gonzalo Alonso
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    La congruencia del material fáctico en los procesos civil y penal.
    (Universidad de Concepción, 2014) Araya Fuentes, Álvaro Rodrigo; Cortez Matcovich, Gonzalo Alonso
    La congruencia no ha sido debidamente considerada por los estudios de pregrado, no obstante su gran aplicación práctica y los numerosos estudios de que ha sido objeto, tanto en materia procesal civil como en materia procesal penal. Lo anterior, resulta más grave aún, teniendo presente que en la praxis judicial la infracción a la congruencia o “incongruencia” de la decisión judicial es sancionada con la nulidad de la sentencia. En términos muy simples se ha definido a la congruencia procesal como la “Conformidad (de extensión, concepto y alcance) entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio". Esta definición, utilizada por la CS, trae aparejada un gran problema para la práctica jurídica: ¿Qué debemos entender por “conformidad”?. Este último concepto tiene variadas acepciones tales como: igualdad, simetría, unión, semejanza, adhesión, aprobación, conceptos que aplicados al caso concreto podrían generar serias dificultades en la resolución de conflictos jurídicos. Así, no es lo mismo que las pretensiones de las partes y el fallo sean iguales, a que sólo sean semejantes.
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    La Constitución de 1980 ante la junta de gobierno
    (Universidad de Concepción, 2018) Pérez Cofré, Samuel Teodoro; Carrasco Delgado, Sergio Arnoldo
    Como tema de tesis se ha escogido el estudio de la historia fidedigna de la Constitución de 1980 ante la Junta de Gobierno, para intentar revelar la forma en que fue elaborada en esa última instancia, así como los fundamentos de las normas incorporadas por ese organismo a la Carta Fundamental. La Primera Parte analiza el procedimiento empleado por la Junta de Gobierno para la elaboración de la Constitución de 1980, e individualiza a quienes participaron de ese proceso. En la Segunda Parte se pasa revista al texto original de la Constitución de 1980, y se expone la historia fidedigna de cada uno de sus preceptos, en función de la documentación de la Secretaría de Legislación y los escritos y testimonios de la labor constitucional de la Junta de Gobierno. El presente estudio concluye que el fundamento de la mayor parte de las innovaciones de la Junta de Gobierno al proyecto del Consejo de Estado consta en los documentos de la Secretaría de Legislación, existiendo solo unos pocos acuerdos de la Junta cuyo fundamento no fue registrado.
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    Constitucionalidad (o no) de las normas de traslado o retiro de industrias.
    (Universidad de Concepción, 2018) Maureira Cuevas, Ingridlla Purísima; Delgado Schneider, Verónica Pía
    Determinar si las normas de traslado o retiro de industrias que establece la Ley General de Urbanismo y Construcciones en sus artículos 62 inciso segundo y 160 y el artículo 84 del Código Sanitario aplicadas al caso concreto, son constitucionales (o no), adecuándose así a la garantía del derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, vulnerando las garantías constitucionales de los derechos de contenido económico y patrimonial y los principios de Juricidad, de razonabilidad, de proporcionalidad, de contradictoriedad y de imparcialidad, y si son inconstitucionales, por qué lo son y cuáles son las consecuencias de la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Esta investigación consiste en un análisis dogmático de las normas de traslado o retiro de industrias o establecimiento, contenidas en la Ley General de Urbanismo y Construcciones en sus artículos 62 inciso segundo y 160 y el artículo 84 del Código Sanitario que establece el traslado de industrias relacionada a la higiene y seguridad del ambiente, que se complementó con la exposición y descripción en el ámbito nacional y en derecho comparado de fuentes doctrinales, legales, constitucionales y jurisprudenciales De acuerdo al análisis realizado a la normativa legal vigente, es posible ordenar el traslado o retiro de industrias en Chile según lo disponen los artículos 62 inciso segundo y 160 de la LGUC y el artículo 84 del Código Sanitario. Si bien la autoridad municipal y sanitaria está amparada en su potesdad/función para ponderar en cada caso concreto cada requisito legal y se basa en dos informes técnicos para decidir, no se indica ni se aplica un procedimiento normativo reglado, con dos importantes consecuencias: desde el ámbito de control de atribución de la facultad discrecional, se vulneren las garantías constitucionales del debido proceso del artículo 19, N° 3 inc. 5° de la CPR y del derecho fundamental a la igualdad del art. 19 Nº2 de la CPR. Y desde el ámbito del control de ejercicio de la facultad discrecionalidad que se expresa en el acto administrativo que ordena el traslado o retiro de una industria o de un establecimiento, se transgreden los principios de contradictoriedad e imparcialidad de la Ley de Bases de Procedimientos Administrativos. Desde el punto de vista del control de atribución de la facultad discrecional otorgada a la autoridad municipal y sanitaria, las normas de traslado o retiro de industrias son inconstitucionales porque aplicadas al caso concreto, vulneran las garantías constitucionales del derecho a la igualdad en las cargas públicas, del contenido esencial de los derechos y de la seguridad jurídica, de la libertad económica, el Principio de Juricidad que es transcendental y determinante en el control de los actos de la Administración y el derecho de propiedad en cuanto al medio utilizado, porque, atendida la Constitución, la teoría de la esencialidad y la jurisprudencia constitucional, la normas analizadas vulneran el principio de reserva legal debido a su indeterminación normativa por el uso de conceptos jurídicos indeterminados. Se ha determinado que, la propia regulación constitucional con un verdadero estatuto de la propiedad que evidencia una excesiva protección de los derechos de contenido económico patrimonial con principios de orden público económico trascendentales y decisivos en la interpretación de las garantías, es de particular relevancia y resulta ser clave para entender porque las normas de traslado o retiro de industrias aplicadas al caso concreto, vulneran derechos fundamentales patrimoniales de los administrados, constituyéndose en los hechos en una expropiación regulatoria sin indemnización como lo ha reconocido el Tribunal Constitucional. Aún cuando, debido a la importancia del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y del derecho a la vida y a la protección de la salud, exista plena justificación para el traslado o retiro haciendo primar el interés colectivo como se desprende de los criterios mayoritarios seguidos por la jurisprudencia judicial y constitucional, con el fin de proteger la salud y calidad de vida de quienes se ven afectados por la sentencia de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de las normas de traslado o retiro de industrias.
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    Constitucionalidad del impuesto territorial jurisprudencia
    (Universidad de Concepción, 2014) Cifuentes Ormeño, Anselmo Iván; Carrasco Delgado, Sergio Arnoldo
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    Consulta indígena: Hacia la institucionalización del diálogo intercultural.
    (Universidad de Concepción, 2015) Gálvez Romero, Alejandra; Delgado Schneider, Verónica Pía
    El derecho a consulta a los pueblos indígenas originarios establecida en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo ha impuesto un desafío para los ordenamientos jurídicos internos de los países ratificantes, que –sumado a otros aspectos- implica generar condiciones de igualdad para los aquéllos en la participación de la toma de decisiones que sean susceptibles de afectarles, lo que conlleva reparar una realidad histórica que mantiene escépticos a los indígenas respecto a la transformación de paradigmas que implica la consulta indígena, toda vez que la velocidad de incorporación que ha experimentado esta institución al interior de cada país y en particular dentro de las fronteras chilenas no ha dado aún respuesta a las demandas de los pueblos indígenas, entre otras razones por la interpretación que se le ha otorgado a ésta y la falta de sentido con que ha sido incorporada al orden jurídico nacional, esto considerando que la voz indígena se mantiene ausente en dicho proceso. Las causas que originan esta creación junto con los resultados que de ella se esperaban por parte de la Organización Internacional del Trabajo en relación con el estado en que se encuentra este mecanismo de diálogo en Chile es lo que interesa al presente trabajo, la consulta indígena chilena y el examen crítico de su evolución, su recepción por parte de la institucionalidad por los indígenas nacionales, así como la perfectibilidad que se visualiza en su actual proceso de adecuación a la realidad nacional.
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